La Comisión Europea tendrá que dar explicaciones sobre el informe emitido por el Ministerio de Medio Ambiente en tiempos de Isabel García Tejerina para renovar la autorización del fungicida Tiabenzanol, que contiene 1.301 coincidencias con el que había presentado su fabricante, la multinacional suiza Syngenta, para solicitar esa prórroga solo unos meses antes.
De hecho, el grupo Los Verdes-ALE (Alternativa Libre Europea) ya ha reclamado al comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, que le remita los dos informes, al tiempo que prepara una pregunta en la que solicitará explicaciones por escrito sobre este asunto.
El Ministerio de Medio Ambiente elaboró su informe, de 400 páginas, dentro del procedimiento de evaluación de riesgos de ese pesticida, que se utiliza para fumigar en la fruticultura y la horticultura y con el que se elaboran productos para la piel. Tras recibirlo, la Efsa (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria) emitió su dictamen favorable a la renovación, que derivó a finales de 2017 en la concesión de una prórroga de 15 años, hasta 2032, por parte de la Comisión.
El chequeo de las similitudes entre el documento de la multinacional y el del Ministerio de Medio Ambiente que realizó el periódico digital alemán BR, y del que Público se hizo eco este martes, desveló que más de 1.300 frases y párrafos del texto español tenían un grado de coincidencia superior al 70% con el del emporio químico suizo sin citarlo como fuente, con lo que la Administración asumía las afirmaciones de la empresa.
"Enorme preocupación a la espera de una respuesta"
“En este tema se está vulnerando todo, la protección del medio ambiente y los derechos de los consumidores. Se está jugando con la vida de las personas”, señaló la eurodiputada del BNG (Bloque Nacionalista galego), Ana Miranda, que este mismo miércoles se dirigió a Andriukaitis por escrito.
En la carta, enviada por correo electrónico, la europarlamentaria le transmite al comisario “nuestra preocupación” por una situación que califica de “sorprendente”: que los contenidos del informe emitido por el Gobierno español en el procedimiento de evaluación de riesgos “en el que la Comisión Europea basó la prórroga de la autorización” del pesticidida Tiabenzadol “coincidan con la documentación y argumentación presentada por la empresa Syngenta ante la UE para solicitar la renovación”.
Miranda destaca que las coincidencias lleguen al 100% en algunos pasajes relacionados con el uso dermatológico del producto químico y sobre los efectos del compuesto en las células y el material genético de los animales de ensayo, en ambos casos con conclusiones que avalaban la inocuidad del Tiabenzadol.
“Le transmitimos nuestra enorme preocupación a la espera de una respuesta aclaratoria”, señala Miranda en la carta a Andriukaitis, en la que anota que “la Comisión Europea debe velar por la salud pública y la seguridad alimentaria, por la transparencia en la adopción de los sistemas de autorizaciones de plaguicidas y pesticidas, tal como le hemos solicitado repetidamente desde el Grupo Verdes-Alianza Libre Europea”, del que forman parte, además del BNG, Chunta Aragonesista (Cha), Compromís, ERC, Equo y el Partido Castellano.
Los lobbies de la industria con intereses ambientales
“Los lobbies están influyendo en Bruselas y los gobiernos les ‘compran’ la información”, denuncia Miranda, que considera “escandaloso” el nivel de influencia de las multinacionales y la receptividad de la burocracia comunitaria. “La Efsa se deja influir”, añade.
De hecho, 1.254 de los 5.965 grupos de presión registrados para mantener contactos con altos funcionarios, dirigentes políticos y europarlamentarios son empresas con intereses en materia de medio ambiente, consumo o acción por el clima, a los que se suman 865 consultorías y bufetes de abogados con los que superan un tercio del total.
“El informe lo hizo el anterior Gobierno español, pero la deuda nos queda a todos. Conductas de este tipo provocan con seguridad consecuencias en el medio ambiente, y no hay que olvidar cómo está aumentando el cáncer en determinadas zonas agrarias”, señala.
Bart Staes, eurodiputado británico de Los Verdes-ALE, lleva años trabajando en el control de los nicotinoides, un compuesto químico que resulta mortal para las abejas y que empresas como Syngenta, que niega su toxicidad, utilizaban en productos utilizados en el cultivo del girasol, el maíz, el algodón y la colza. La UE terminó prohibiendo el uso de tres de ellos.
Fuente: Público
