El PSOE quiere ahorrarse "ambigüedades". Ser aún más claros, explican en Ferraz, ahora que Cataluña está en el centro de la campaña del 10-N. Ese propósito tiene traducción directa en el programa electoral con el que Pedro Sánchez comparece ante los electores: el documento elimina las alusiones, incluso las indirectas, a la España plurinacional o la reforma federal del Estado. Aparca esas referencias para centrarse en un mensaje mucho más rotundo: defensa del Estado autonómico, diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno central y la Generalitat "siempre" dentro de la Constitución, y no al referéndum de autodeterminación. Tampoco hay ya referencias expresas al impulso al autogobierno. El 'pulido' del texto conecta, también, con la voluntad del partido de captar votos de centro ahora que el espacio de Ciudadanos, según todas las encuestas, está derrumbándose. El presidente del Gobierno y candidato no quiere que se dude de su firmeza en la defensa de la Carta Magna. Menos ahora, cuando algunas encuestas privadas señalan que la respuesta dada en Cataluña a los disturbios violentos puede pasarle algo de factura.
Sánchez ya presentó hace unas semanas un aperitivo del programa del 10-N que se nutría, básicamente, del lanzado para las generales del 28 de abril. La gran novedad era la promesa de actualización de las pensiones conforme al IPC real en diciembre, que el Gobierno está decidido a ejecutar incluso si sigue estando en funciones. Pero le faltaba alumbrar el texto íntegro, y esa es la tarea que tiene previsto aprobar el comité electoral del PSOE de este miércoles. Sin embargo, el último borrador, de 42 páginas, al que ha tenido acceso este diario [aquí en PDF] y aún sujeto a cambios, sí contiene algunos cambios relevantes respecto al 28-A. Desde luego, el pasaje relativo a Cataluña, que se simplifica. Pero también hay otros puntos nuevos, como la propuesta de retirada de condecoraciones vinculadas al franquismo, que el propio presidente confirmó en una entrevista a 'eldiario.es', o la denuncia de los Acuerdos de la Santa Sede. Esta última iniciativa sí aparecía en la oferta electoral del PSOE en 2015 y 2016, pero desapareció en la de la última convocatoria, y es un elemento de enorme calado simbólico para los socialistas.
En la dirección sostienen que el momento, tras la sentencia del 'procés' y el fracaso de la negociación con UP, "ayuda". Y así se incluye en el texto
"El contexto ayuda", señalan en Ferraz para justificar las modificaciones incorporadas en el capítulo que afecta al modelo territorial. La propia introducción del programa lo explica: la posibilidad de que el PSOE liderase el Gobierno se vio "frustrada" por las "graves discrepancias con Unidas Podemos", que no aceptó ni el modelo de coalición que ofreció Sánchez en julio —vicepresidencia social y tres ministerios— ni mucho menos un acuerdo programático con garantías. Pero además la eventual entradda de los morados al Ejecutivo habría "impedido una respuesta coherente y ajustada" a los principios constitucionales, "en particular en relación con el reto secesionista en Cataluña", esgrime el texto.
El modelo territorial es el penúltimo capítulo del programa del 10-N. Y es aquí donde se aprecian las diferencias respecto al documento del 28-A. El PSOE subraya que apuesta por una "España fuerte y cohesionada, estructurada a partir de la Constitución y de los Estatutos de autonomía". Se propone "mejorar la colaboración institucional con todas las comunidades" y abordar "el conflicto de convivencia en Cataluña impulsando el diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, siempre dentro de la Constitución y del Estatuto de autonomía".
La "quiebra de la sociedad"
Los socialistas también abogan por el avance hacia un "modelo de Estado integrador", en el que la diversidad, la igualdad y la solidaridad sean "valores compatibles". Un modelo, prosiguen, donde el Estado garantice la "cohesión desde la lealtad" a las competencias de las CCAA, en el que las distintas administraciones cuenten con la financiación suficiente y colaboren entre ellas y actúen también con lealtad institucional. En ese marco, proclama el PSOE, "no tiene cabida un referéndum de autodeterminación, que el Tribunal Constitucional ha considerado contrario" a la Carta Magna y que, "desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad". No se habla de reforma de la Carta Magna en un sentido federal.
El programa del 10-N retoma la redacción que ya el PSOE utilizó en septiembre, cuando buscó seducir a Podemos pero se veía probable ir a las urnas
Esta redacción es la que Ferraz ya eligió para las 370 medidas que planteó a Unidas Podemos en el último intento de negociación con Pablo Iglesias, a comienzos de septiembre. Ya entonces endureció el tono y reflejó ese no rotundo a la consulta soberanista. Un rechazo que siempre estuvo presente en todos los discursos de Sánchez y que es el posicionamiento histórico del partido. En aquel momento se interpretó esa clarificación como una prueba más del alejamiento entre las dos formaciones y un intento de Ferraz de situarse en el centro de cara a una campaña que, a esas alturas, ya se veía como muy probable, dada la absoluta negativa de la cúpula a aceptar un Ejecutivo de coalición.
De hecho, la formulación del programa del 10-N traslada la redacción del texto de las 370 medidas de septiembre. Así, el PSOE se compromete a fortalecer los instrumentos de cooperación y coordinación que favorezcan las relaciones entre el Estado y las CCAA (la Conferencia de Presidentes, las conferencias sectoriales, los convenios de colaboración del Ejecutivo central con las autonomías y de estas entre sí) y a impulsar la transformación del Senado.
La sucesión de documentos
El partido también defenderá la clarificación del reparto competencial o la participación de las CCAA en las decisiones del Estado cuando afecten al interés general. Lógicamente, Sánchez incluye la promesa de reforma del sistema de financiación autonómica y local. Por último, los socialistas señalan que impulsarán la "descentralización institucional del Estado, trasladando total o parcialmente las sedes de diversas instituciones y organismos a distintas ciudades". No hay ninguna referencia concreta, aunque en el pasado el secretario general sí planteó llevar el Senado a Barcelona, por ejemplo.
Para el 28-A, sí se hacía referencia a los textos de 2013 y 2017 que sí hablaban de la plurinacionalidad o de la reforma del Estado en sentido federal
Pues bien, tanto el documento de septiembre como el programa de estas segundas generales directamente eliminan un pasaje que sí se recogió en la oferta electoral del 28-A. Entonces se decía que el PSOE aspira a un "funcionamiento más integrado del modelo", y se recordaba que el partido se ha comprometido a acometer las "reformas necesarias" para "un nuevo impulso del autogobierno". Planteamiento, señalaba, que se ha recogido en muchos de sus documentos, desde la Declaración de Santillana del Mar de 2003 —con José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general—, a las declaraciones de Granada de 2013 —en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del partido— y Barcelona de 2017 –tras la reconquista de Sánchez del poder de Ferraz—. Ya no se habla de ese "impulso" o "profundización" del autogobierno.
Que el PSOE haya eliminado en su programa estas referencias es muy significativo, a nivel político. La Declaración de Granada, de julio 2013, es el texto que más profundiza, en la historia reciente del PSOE, sobre la crisis territorial, aunque para entonces el pulso soberanista estaba aún en sus inicios. Ni siquiera se había producido una consulta soberanista (la primera, la promovida por Artur Mas, llegaría en 2014 y la segunda, la que ha llevado a los líderes independentistas a la condena por sedición, se celebró el 1 de octubre de 2017).
La salida que el partido planteaba en 2013, fruto del consenso interno, era una reforma de la Constitución en clave federal. Esa posición fue reflejada en los sucesivos programas electorales de 2015 y 2016. Tras las primarias de 2017, en las que Sánchez venció en buena medida por el apoyo arrollador del PSC, el secretario general trasladó a la resolución política del 39º Congresoel reconocimiento de la España plurinacional, una expresión que él mismo defendió con vehemencia, que causó mucho debate interno y que pronto se aparcó. La Declaración de Barcelona, que pactaron PSOE y PSC en julio de 2017, también invocaba la necesidad de una "profunda reforma federal", que permitiera ahondar en el autogobierno y "el mejor reconocimiento de la realidad plurinacional de nuestro país sin afectar a la soberanía del pueblo español ni a la igualdad de derechos entre toda la ciudadanía".
Fuera las medallas para Billy el Niño
En el programa del 28-A [aquí en PDF], por tanto, el PSOE simplemente se remitía a los textos de 2013 y 2017, sin mencionar la idea plurinacional ni apuntar hacia la construcción de una España federal. La alusión, pues, era indirecta. Ahora, esas referencias desaparecen de la oferta electoral del 10-N. En Ferraz no niegan el propósito: evitar "ambigüedades", clarificar conceptos. Que no se dude de la firmeza del PSOE y del candidato en la defensa de la Carta Magna.
Tampoco aparece ya el reconocimiento de las "singularidades" territoriales, ni el "impulso del autogobierno". La rebaja es muy ostensible
Otra cuestión que directamente se borra respecto al texto de abril es "el reconocimiento de las singularidades de los distintos territorios en sus propios Estatutos de autonomía". Eso ya no aparece por ningún lado. En el anterior programa se señalaba que el PSOE "aspira a una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos, así como a una organización institucional y territorial adaptada a las peculiaridades de cada comunidad en cuanto no afecte al funcionamiento de otros territorios".
Aunque a última hora de este martes se estaban introduciendo algunos puntos nuevos en el programa, sí se puede afirmar ya que, de cara a estas segundas elecciones, el PSOE introduce dos asuntos de profunda carga simbólica. En primer lugar, en materia de memoria histórica, se propone retirar las "condecoraciones vinculadas a actuaciones durante la dictadura". Es decir, que los socialistas retirarán las medallas pensionadas de, por ejemplo, el torturado Billy el Niño. "Hemos hecho un estudio de cómo modificar derechos adquiridos hace décadas con carácter retroactivo y la única manera de hacerlo es incorporando una serie de modificaciones en la Ley de Memoria Histórica", explica Sánchez en 'eldiario.es'. Será así, reformando la citada norma, como se podrá "abordar con eficacia y con todas garantías este tipo de hechos absolutamente inaceptables en términos democráticos". También eso incluye el Ducado de Franco, ahora mismo en manos de la nieta mayor del dictador, Carmen Martínez-Bordiú.
Lista de bienes inmatriculados
El PSOE también promoverá el "reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, declarando el 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo, y el día 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio". Además, tras culminar con éxito la exhumación de Franco, se retirará la simbología del régimen de los lugares públicos que resten y se reformará el Código Penal" para incluir como delito la apología del franquismo y su exaltación y enaltecimiento en lugares de acceso público". No se concreta aún cómo se resignificará el Valle de los Caídos.
Se cambiará la Ley de Memoria para quitar condecoraciones de la dictadura y se rescata la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede
El programa también incorpora la denuncia de los Acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979, "en cumplimiento del precepto constitucional que establece la aconfesionalidad del Estado y la libertad religiosa". El Gobierno impulsará, dice el texto, "un nuevo acuerdo bilateral entre ambos Estados, basado en el principio de laicidad, para mantener unas relaciones de cooperación moderna con la Iglesia católica". Sánchez repesca así una propuesta que sí figuraba en los programas de 2015 y 2016 y que desapareció, sin embargo, en el del 28-A. La denuncia de los Acuerdos con el Vaticano no es una innovación del actual secretario general: ya fue asumida por el partido en la resolución de la conferencia política de noviembre de 2013, aún con Rubalcaba como líder.
Los socialistas se proponen asimismo "recuperar los bienes matriculados indebidamente por la Iglesia" y llevarán a cabo una "revisión de las operaciones que se han basado en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros". Esta es otra cuestión que, de suyo, ya estaba haciendo el Ejecutivo y estudiando con la Conferencia Episcopal.
Sin concreciones en materia fiscal
El PSOE no quiere hilar demasiado fino en su programa para el 10-N en una materia sensible como la fiscalidad. Reconoce que para llevar a cabo las medidas contempladas en su programa se requiere "un mayor volumen de recursos públicos, que deben proceder, en primer lugar, de la máxima eficacia en el gasto público, de acuerdo con las indicaciones de la AIReF, sin comportar aumento ni del déficit ni de la deuda pública".
Los socialistas abogan, como siempre, una "mayor justicia fiscal", porque sin ella no puede haber "justicia social". Así, quienes tengan mayor capacidad económica deberán pagar más para contribuir a la garantía de los derechos sociales, lo que redunda en "mayor" estabilidad y prosperidad para todos. La mayor progresividad fiscal será una "prioridad para el Gobierno y permitirá converger a España con países de nuestro entorno. Se reforzará la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión impositiva.
La reforma fiscal, sigue el PSOE, permitirá "superar la anomalía" de la "escasa tributación de las grandes corporaciones, así como del sector financiero y de las grandes empresas tecnológicas, y la insuficiente e ineficaz fiscalidad ambiental", que ha de acompasarse con los países de la OCDE. El programa precisa que esa reforma no supondrá "niingún perjuicio para las familias "de ingresos medios y bajos, y permitirá reducir la carga fiscal de las pymes". De nuevo, no hay ninguna cifra. Sí grandes líneas, pero poco más.
En materia laboral, el PSOE se compromete a iniciar "de forma inmediata" el diálogo social, con el fin de derogar, "durante el primer año de legislatura, los aspectos más lesivos de la reforma laboral" del PP. Se revisará la normativa sobre el trabajo a tiempo parcial, para prevenir abusos o figuras como los falsos autónomos, "así como la regulación del despido y la legislación sobre subcontratación laboral". Los socialistas mantienen su iniciativa de impulsar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Respecto a las pensiones, sí figura el compromiso de promover un nuevo Pacto de Toledo, que suponga el blindaje de las prestaciones en la Constitución, la garantía de la sostenibilidad y suficiencia del sistema público y la actualización conforme al IPC real. Hasta que se alcance ese consenso, el Ejecutivo socialista "seguirá actualizado las pensiones conforme a los criterios señalados en el punto anterior". Sin embargo, aquí no se detalla, como sí se hizo en el avance del programa, que esa subida de las pensiones para el año que viene se hará en diciembre.
Fuente: El Confidencial
