Descentralización política y administrativa como mecanismos de gobernabilidad.
La descentralización de los gobiernos del Estado-nación es una tendencia central que se proyecta en el desarrollo global del siglo XXI.
Los crecientes procesos de descentralización son paralelos a los procesos de globalización. López Vadalladares (2001) argumenta que el proceso de descentralización responde a una “propuesta de reforma impulsada por organismos multilaterales y fue respaldada con argumentos formales, tales como el logro de la eficiencia, la participación ciudadana, la prevención, la corrupción, entre otros; su ejecución se hace posible en la medida en que las condiciones del contexto político, económico y social lo permiten y, presionan en su favor.” Efectivamente, los procesos de descentralización impulsados por el sistema capitalista son inherentes a su propio desarrollo en las circunstancias actuales de trasnacionalización de la economía y los mercados en donde el Estado nación, que una vez fue funcional para su expansionismo, ahora es el principal estorbo.
La descentralización ha sido definida como la delegación del poder del control a los niveles inferiores en las organizaciones. Para el Banco Mundial (2000), la descentralización significa “el creciente deseo de la gente por un mayor decir de sub gobierno, el cual se manifiesta en la aserción de las identidades regionales y empuja a los gobiernos nacionales a alcanzar abajo a las regiones y ciudades como la mejor manera para administrar cambios que afectan la política doméstica y los patrones de crecimiento.” El crecimiento regional y urbano está vinculado a las estrategias del modelo de desarrollo que impulsa el sistema económico neoliberal.
El énfasis en el control local que promueve la descentralización, se centra en la toma de decisiones por los mismos individuos que tienen el derecho putativo para definir su propio proyecto de desarrollo. Esto les permitiría promover el crecimiento económico y el desarrollo social de las localidades, aumentar la participación ciudadana y democratizar los procesos políticos y sociales. Los procesos de descentralización transfieren el poder de decisión de las instancias del gobierno central a los gobiernos locales.
La descentralización tiene como objetivos aumentar el poder, la autonomía de la decisión y el control de los recursos, las responsabilidades y las competencias de las colectividades locales, en detrimento del poder del poder de los órganos del gobierno central (Mattos, 1990:165-167). . De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobretodo los locales y municipales.
La centralización del desarrollo favorece a ciertas áreas o regiones a costa de otras. Un concepto más estrecho de descentralización la reduce a la sola transferencia de competencias a órganos electos (Palma y Rufián, 1989). Finot (2000) hace una revisión de las formas de descentralización: privatización, delegación, devolución y desconcentración de acuerdo a Rondinelly et al (1989); funcional, territorial y política (Boisier, 1989); administrativa, política y económica (Von Haldenwang (1990).
La tendencia a la descentralización política y administrativa es fuerte en un mundo en constante proceso de globalización. Se considera que la tendencia descentralizadora promovida por la ideología neoliberal es de naturaleza destructiva porque tiene como finalidad reducir o eliminar las responsabilidades y funciones tradicionales del Estado. Los procesos de democratización son promovidos a través de los diferentes canales de participación y expresión que abre la descentralización de la administración pública del Estado. La descentralización administrativa comprende la desconcentración territorial y funcional, así como la delegación a agencias semiestatales (Von Haldenwang, 1990).
En la descentralización administrativa, la gestión administrativa de decisiones políticas territoriales implican su adopción en los niveles locales inferiores. La gestión pública local requiere de un nuevo diseño y una nueva reingeniería de la estructura territorial, para aprovechar las ventajas de la participación social local. La gestión pública local es un factor importante en la toma de decisiones que fortalecen o debilitan las acciones del gobierno. Las estructuras espaciales delimitadas por las fronteras físicas y geográficas que definen las diversas entidades geográficas, determinan las interrelaciones entre los diferentes gobiernos, la sociedad y el mercado. La reingeniería se orienta más a cambios en los procesos y formas de gobierno. La participación en la gestión administrativa se extiende a las organizaciones políticas y sociales.
La descentralización política ha sido consecuente con la descentralización administrativa y se ha orientado a la persecución de la gobernabilidad democrática, a la reducción de la brecha existente de desigualdades, a promover la participación de la ciudadanía y a combatir la corrupción, entre otras políticas (Finot, 2000). La gobernabilidad democrática que equilibra la economía, la política y la sociedad, es el resultado de una estructura de governance creado por un rediseño institucional promovida por el modelo neoliberal, que da lugar a la emergencia de una sociedad “multi-céntrica” de acuerdo a Luhman (1982).
La operacionalización de las estructuras de governance de las instituciones económicas, políticas y sociales tienen efectos directos en la gobernabilidad. En sí, la governance contribuye a la gobernability o gobernabilidad en su concepto más amplio, aunque ambos conceptos se refieran a fenómenos totalmente diferentes. La modificación de las estructuras de governance afecta el diseño de la ingeniería institucional de la gobernabilidad.
La descentralización política de los Estado-nación constituye una fuerza que tiene su origen en el interior mismo y que cuestiona la viabilidad de su gobernabilidad. La democratización de los procesos de descentralización política contribuirá a la formación de una gobernabilidad más democrática que las formas centralizadas. La descentralización política con base en territorios transfiere el poder a las organizaciones del gobierno y de la sociedad civil de las comunidades locales mediante mecanismos de empoderamiento para la provisión de bienes y servicios públicos.
El empoderamiento es un mecanismo que permite a las diferentes instancias de los gobiernos locales asumir sus competencias y facultades. Con la descentralización, los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades. La descentralización política puede llegar a las organizaciones de la sociedad civil a través de las diferentes instancias en los niveles regionales y locales.
Además, la descentralización otorga el “empoderamiento” de las comunidades. Bajo la descentralización política, las comunidades locales reciben competencias para tomar decisiones relacionadas con su presupuesto para racionalizar democráticamente los rubros de ingresos y de gasto público, bajo determinados procesos y mecanismos democráticos para la asignación de recursos. La definición del gasto público a través de procesos democráticos en función de la capacidad de aportación de cada región, puede contribuir a facilitar la participación ciudadana y aumentar la eficiencia, aunque este método puede crear desigualdades regionales.
La tendencia predominante de descentralización política es la del gasto y vincularlo con las aportaciones locales para infraestructura básica, educación y salud principalmente. La descentralización de funciones para la provisión de estos servicios también requiere la descentralización administrativa de la gestión social. La centralización de las funciones promueve el desarrollo de ciertas regiones y zonas a costa del subdesarrollo de otras. La confrontación de las necesidades del desarrollo local implica inversiones en infraestructura física que no pueden ser financiados con los ingresos fiscales anuales y que por lo tanto requieren de financiamiento externo a través de la emisión de deuda pública.
Sin embargo, con el tiempo resulta difícil para los gobierno locales pagar la deuda, por lo que el problema de la reestructuración de la deuda se ha convertido en un problema pandémico. El problema de la deuda subnacional ha sido identificado como uno de los más espinosos temas de la descentralización que no tiene respuestas económicas o políticas fáciles. (Schwarcz, 2002). Para enfrentar la situación los gobiernos locales tienen que reorganizar sus servicios y operaciones en una reconstrucción cuasi-financiera de forma corporativa, la cual motiva solamente a los deudores pero no a los acreedores.
La descentralización política de la infraestructura social debe de ser concurrente con una descentralización de los recursos. La decisión democrática del gasto público es una condición de la eficiencia en los procesos descentralizadores No obstante, la descentralización política encuentra obstáculos con la existente división geográfico-política porque no corresponden a la demanda diferenciada territorializada de bienes y servicios públicos.
Con la descentralización, los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades. Por lo tanto, para que los ciudadanos tengan garantizado el acceso igualitario al financiamiento de los servicios públicos, la asignación de recursos debe estar centralizada, mientras que se descentralizan en forma administrativa los recursos para la producción y operación de los servicios para garantizar su eficiencia.
Por otra parte, el gobierno local puede beneficiarse de la popularidad emergente de la descentralización política y puede ser el vehículo ideal para tal proyecto político debido a su proximidad con la población y a la función percibida de ser el puente entre el Estado y la sociedad civil. El gobierno local debe abrir espacios para las demandas de la sociedad civil por democracia, mayor participación e igualdad regional, mientras que al mismo tiempo debe proporcionar los canales institucionales para acomodar estas demandas y facilitar su encuentro con el Estado (Schönwälder, 1997). En sí mismos, los procesos de descentralización son expresiones propias de la democracia representativa. a pesar de que no todas las decisiones pueden ser descentralizadas a las instancias de poder local.
La participación ciudadana en los procesos de descentralización política son muy limitados. La descentralización política permite a los gobiernos locales estimular la participación ciudadana para un mejor sistema redistributivo, más equitativo, con mayor diferenciación y eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos. La participación ciudadana debe ser alentada por los gobiernos locales en los procesos de gestión pública, tales como en las decisiones presupuestales de gasto e ingresos, sobre todo en aquellas decisiones que afectan el uso eficiente de sus propios recursos y el aprovisionamiento de bienes y servicios públicos. Estas decisiones de gestión pública afectan las decisiones gubernamentales en materia de desarrollo local.
Los procesos de globalización someten al Estado-nación a tensiones para una redefinición de sus funciones. Existen dos tendencias de esta redefinición de funciones, por un lado aquella que promueve el fortalecimiento de la función regulatoria del desarrollo local y aquella otra que busca la eliminación de funciones mediante la desregulación. La reestatización o neoestatización de las funciones del Estado es una tendencia que se orienta a la recuperación de las funciones perdidas o disminuidas por la aplicación de las políticas económicas y sociales del modelo neoliberal, la cual a a su vez, constituye la pieza clave de la expansión de las grandes corporaciones transnacionales. La descentralización es un instrumento de la reforma del Estado para reducir el tamaño y funciones del Estado y mejorar su desempeño.
Los procesos de descentralización considerados como reforma del Estado o como reforma política, no puede incluir todas las decisiones. Es en este sentido, la descentralización política un instrumento que estimula la eficiencia y la participación ciudadana en la asignación y provisión de bienes y servicios públicos, pero que desafortunadamente incrementa las disparidades sociales y territoriales. La privatización de los beneficios, riesgos y responsabilidades de los servicios públicos, también enajena las aspiraciones sociales, las cuales se cancelan si la subjetividad es excluida del orden social.
Esto hace necesario modificar los sistemas redistributivos para asegurar la equidad y las diferencias regionales mediante una adecuada combinación entre los sistemas de redistribuición social y territorial. El social asegura la igualdad en el acceso a los bienes y servicios públicos y el territorial aprovecha las aportaciones colectivas e iniciativas locales. Con la descentralización, los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades.
Desde la perspectiva política de la descentralización (Schönwälder, 1997) del aparato del Estado, ésta tiene que abrir el camino a una y a la apertura de nuevos canales para la participación popular local dentro del sistema político, y para la institucionalización de la participación ciudadana como base de los procesos de democratización que transforman la sociedad civil y el gobierno desde acciones concretas, mediante la legalización de prácticas que refuerzan la gobernabilidad democrática.
Esta gobernabilidad democrática es producto de una estructura de governance resultado de un nuevo diseño institucional promovido por el modelo neoliberal, facilita la emergencia de una sociedad “multi-céntrica” de acuerdo a Luhman (1982). La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación “puramente expresiva y gratuita” como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000).Las formas en que se operacionaliza y aplica la governance en las instituciones económicas, políticas y sociales tienen efectos directos en la gobernabilidad del sistema democrático, aunque ambos fenómenos se refieran a fenómenos sociopolíticos totalmente diferentes.
El análisis de la governance contribuye a la gobernability en su concepto más amplio. Las modificaciones de la estructura de governance afectan la ingeniería de las instituciones de gobernabilidad. Las instituciones de gobernabilidad deben surgir donde existan disparidades en el potencial para la creación de valor. Lamentablemente, poco ha avanzado la participación ciudadana más allá de los procesos electorales y que sea el involucramiento en las decisiones públicas. Además, la participación local también tiene que repercutir en los procesos de toma de decisiones. Así, la reforma administrativa requiere de controles burocrático-administrativos para limitar el uso patrimonialista y corporativista de los recursos del Estado.
La descentralización de las responsabilidades del gobierno puede incrementar la entrega de servicios públicos al nivel local con el apoyo de transferencias fiscales, así como la participación mediante asociaciones de los sectores privados y públicos en los procesos de desarrollo que pongan en movimiento y administren los recursos locales y regionales e incorporen prácticas administrativas profesionales. Con la descentralización , los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades.
La agenda del nuevo gobierno promueve los proyectos de colaboración conjunta mediante la negociación y estrategia entre los diferentes niveles de gobierno y entre los diferentes sectores de intereses públicos, privados y sociales. Mediante la descentralización política se transfieren procesos de asignación a mecanismos democráticos locales con transferencia conjunta de fuentes de ingresos. La transferencia de responsabilidades del sector público al sector privado para la producción de bienes públicos bajo mecanismos políticos que se convierten en bienes privados bajo mecanismos de competencia, ha dado lugar a un nuevo tipo de descentralización, la descentralización económica, la cual desde luego persigue fines de lucro más que de caridad.
Lamentablemente, este tipo de descentralización económica que introduce externalidades y mecanismos de mercado, crea fuertes disparidades debido a las diferenciaciones regionales y sociales en la asignación y provisión de bienes y servicios públicos. Para abatir estas disparidades, se requiere la transferencia de recursos desde el centro, mediante mecanismos de compensación al desarrollo regional. Las transferencias de recursos para lograr una mejor redistribución territorial puede efectuarse mediante fondos financieros no condicionados a aportaciones específicas y de libre disponibilidad, así como aquellas transferencias que si están condicionadas.
No obstante, la misma desterritorialziación del espacio geográfico regional está siendo eliminado por los procesos de globalización económica, la cual concede mayor importancia a los agentes y actores del desarrollo. Sin embargo, el Estado como agente del desarrollo pierde su papel protagónico como impulsor del crecimiento que garantiza el equilibrio equitativo de las regiones, para trasladar estas funciones al sector empresarial y a las organizaciones de la sociedad civil.
Una descentralización administrativa que estimule la eficiencia, la participación ciudadana y la factibilidad financiera pueden serlo las transferencias subsidiarias a las aportaciones efectivas e iniciativas locales. El punto importante aquí es el reconocimiento de la capacidad de los gobierno locales para generar recursos propios y tomando en consideración otras variables importantes, como las demográficas.
Por lo tanto, la producción de bienes públicos son parte de la ejecución de decisiones que deben ser tomadas por medio de mecanismos y procesos democráticos y ejecutadas por ciudadanos encargados de efectuar los procedimientos de gestión y control administrativo, el cual es generalmente ejercitado por los oficiales sobre sus subordinados, ya sea en forma autónoma a dirigida a su vez por control judicial. Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general.
Para mejorar el sistema redistributivo mediante cambios en la gestión social y el desarrollo territorial, de acuerdo con (Finot 2000) se deben realizar acciones que impliquen “ (i) diferenciar entre asignaciones para la provisión de bienes públicos locales, propios del desarrollo territorial y que podrían ser objeto pleno de descentralización política, y la de una canasta de servicios “sociales”, que sería un bien público nacional; (ii) distinguir claramente entre dos sistemas redistributivos subsidiarios, uno territorial y otro social; (iii) tender a descentralizar económicamente la producción de servicios no propiamente gubernamentales hacia los establecimientos (estatales y no estatales); (iv) reconocer legalmente como impuestos (o descontar de ellos) los aportes que los ciudadanos realizan en trabajo, materiales y dinero para mejorar su entorno colectivo, a fin de universalizar las contribuciones tributarias.” El concepto de bien público es un concepto multivalente, dependiendo del concepto que se tenga de lo público.
El desarrollo territorial está referido al desarrollo que se vincula territorialmente a un ámbito espacial de una región o municipio determinado. El Estado nacional tienen poca flexibilidad para reaccionar a los constantes cambios de la economía global y sus estructuras rígidas y pesadas son inerciales para la satisfacción de las demandas ciudadanas, lo que ha dado necesidad a reforzar los gobiernos locales y regionales. La inviabilidad e incapacidad de los gobiernos municipales para alcanzar y mantener la gobernabilidad puede ser alcanzada mediante el desarrollo de redes voluntarias e informales de solidaridad en programas de participación local, de tal forma que se mantenga un equilibrio entre gobernantes y gobernados.
La reinvención de la política del gobierno local tiene su expresión en la delimitación espacial de las competencias del municipio para la promoción del desarrollo mediante políticas que articulen sus esfuerzos con los esfuerzos nacionales. Las competencias exclusivas, complementarias y concurrentes de los gobiernos municipales deben de ser delimitadas.
Los gobiernos con orientación neoliberal están evadiendo la responsabilidad de proporcionar los bienes y servicios públicos. La provisión de los servicios públicos pasa de los organismos estatales a las empresas privadas, en donde el Estado todavía no puede renunciar a su carácter regulador para satisfacer las necesidades y cumplimentar las preferencias colectivas, y para que dichos servicios y bienes públicos se entreguen con calidad, cantidad y costos eficientes. No obstante, los organismos privados más que perseguir fines caritativos, buscan obtener utilidades, por lo que aquellos bienes y servicios que no proporcionan ganancias, por ser intrínsecamente no lucrativo. La privatización de los beneficios, riesgos y responsabilidades de los servicios públicos, también enajena las aspiraciones sociales, las cuales se cancelan si la subjetividad es excluida del orden social. El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación “puramente expresiva y gratuita” como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000).
Además, el profesionalismo en el sector empresarial es considerado un valor en referencia a estándares de conducta y prácticas que van más allá de las competencias técnicas y la experiencia para incluir conceptos tales como la conciencia profesional, la pasión por la excelencia y la auto negación.
La descentralización del aparato del Estado mediante la apertura de nuevos canales para la participación popular, dentro del sistema político, libera el potencial democrático representado por los movimientos locales y regionales que operan al nivel de sociedad civil. La descentralización crea las condiciones para una mayor igualdad en las oportunidades de desarrollo entre las regiones, así como al apoderamiento de las clases sociales excluidas. Esto les permitiría promover el crecimiento económico y el desarrollo social de las localidades, aumentar la participación ciudadana y democratizar los procesos políticos y sociales.
Lockwood (1999) integra la literatura de la política distributiva con la literatura de la descentralización incorporando el proyecto de externalidades interregionales en un modelo estándar de política distributiva, en el cual justifica que el gobierno centralizado es menos sensitivo a los “gustos” de los ciudadanos que el gobierno descentralizado. Algunas regiones ganan con la descentralización mientras que otras pierden, así que la descentralización no siempre es un fenómeno unánime. Es decir, la centralización de las funciones del desarrollo favorecen a ciertas regiones o zonas a costa del subdesarrollo de otras.
Esta elección entre centralización y descentralización toma un acercamiento de economía política a la modelación del comportamiento del gobierno. La centralización de las funciones del desarrollo, tales como la financiera y la industrial, favorecen ciertas regiones mientras que son las responsables del atraso de otras. La descentralización económica transfiere las asignaciones de recursos e insumos de criterios y asignaciones político-administrativos hacia el empleo de mecanismos de mercado y externalidades (Finot, 2000). En la descentralización económica se introducen la operación de externalidades y de mecanismos de mercado en la asignación de los factores e insumos de los procesos de producción, así como en la distribución de los bienes y servicios públicos. La introducción de mecanismos de mercados y externalidades en la provisión de bienes públicos forma “cuasimercados” en donde la demanda se determina en forma política, pero operan mecanismos de competencia en la oferta.
El gobierno central coordina acciones directamente y facilita la coordinación entre individuos. Frijters y Tieman (1999) formulan un marco de referencia flexible para el análisis de la evolución y el comportamiento de las autoridades centrales tomando en cuenta ciertos supuestos alternativos. Los investigadores argumentan que el principal papel de las autoridades centrales en sentido evolutivo es prevenir a los individuos de tomar decisiones con externalidades negativas mayores que los beneficios privados, como en el caso en que terceras personas empeoran su bienestar por la satisfacción de ciertas preferencias.
La habilidad de la autoridad central para comunicarse directamente con cada individuo se debe a que tiene retornos crecientes en la ventaja de escala para colectar y distribuir la información. Una línea de comunicación directa con todos los individuos permite controlar la formación de expectativas en los individuos, lo que permite el control de la violencia. Con el monopolio de la violencia, puede castigar a los individuos que no actúan como se desea. La aplicación de reglas es fácil para las autoridades mayores, lo que deriva en que muchos individuos sigan ciegamente las reglas establecidas por autoridad central. Ya anteriormente, Weber (1922) encontró que un elemento que define a las autoridades centrales es el monopolio de la violencia.
La descentralización es superior en beneficencia a la centralización cuando las externalidades son pequeñas y las regiones heterogéneas. Por el contrario, si la externalidad pierde su fuerza y se vuelve grande, la centralización se hace más atractiva. Las condiciones suficientes para que la mayoría de la población prefiera descentralización o centralización, se formulan tomando como referencia la heterogeneidad de los costos más que sus beneficios.
No obstante la centralización del desarrollo, principalmente en las funciones financieras e industriales, favorece a ciertas zonas a costa del subdesarrollo de otras regiones. Es responsabilidad del Estado en la provisión de bienes y servicios públicos, lograr que los mercados sean más eficientes mediante la reducción de los costos de transacción. Los altos cotos de transacción son inherentemente más difíciles de organizar. Sin embargo, economizar en los costos de transacción es un concepto perverso en los que los costos y beneficios tienen que ser calculados para cada una de las formas de organización las cuales necesitan ser trabajadas comparativamente. La descentralización de las funciones del Estado tiende a reducir los costos de transacción en la producción y entrega de bienes y servicios públicos.
Por tanto, la descentralización del aparato del Estado debe crear las condiciones para una mejor equidad en distribución de los beneficios entre las regiones y otorgar mayor apoderamiento (empowerment) a los grupos sociales considerados como excluidos. Sin embargo, la estrategia de apoderamiento se fundamenta en la capacidad de los individuos para realizar elecciones racionales como consumidores de bienes y usuarios de servicios públicos y que puede ser constreñida por una política pluralista de bienestar.
Los gobiernos locales y regionales juegan un papel importante en la promoción de espacios para la participación de la sociedad civil, el direccionamiento institucional de sus demandas al Estado, y, por tanto, pueden convertirse en los mediadores de las relaciones que emerjan entre la sociedad civil y el Estado. La descentralización del aparato del Estado puede dar origen a una reforma administrativa que regrese los poderes y los recursos a los gobiernos locales y regionales. Así como la creación de nuevas formas de democracia representativa que incorpore elementos de la democracia material a través de una mayor participación popular directa y a enfrentamientos de la ciudadanía con los elementos formales del poder político para modificar las condiciones de su ejercicio.
Mansbridge (1983) habla de dos tipos de democracia, la adversaria y la unitaria. La democracia adversaria asume intereses en conflicto y emplea procedimientos establecidos para tomar decisiones. La democracia adversaria requiere de información suficiente de los procesos para quienes no están directamente involucrados que pueden tener sus representantes y responsables ante las mismas instituciones. Este tipo de democracia no tiene el atractivo inherentemente normativo que la democracia directa tiene. La democracia unitaria o directa, asume que la gente tiene los mismos intereses, pero no sabe individualmente qué es lo mejor para hacer. La democracia directa parece ser una utopía. La tarea consiste en unir estos dos tipos diferentes de democracia en una red institucional que permita tener las ventajas de los intereses comunes y resolver los conflictos.
El carácter metonímico de la democracia indica su alto valor normativo. Así, la democracia no solamente constituye un conjunto de principios, normas e instituciones, sino también es la práctica de valores de las personas o ciudadanos. De tal forma, que se preserven ámbitos de decisión en políticas públicas, para que sea la misma ciudadanía la que tome las decisiones, aquéllas que por su importancia no deben dejarse en manos del poder político.
Un aspecto importante a considerar son los verdaderos alcances de la descentralización. Entre estos alcances, la descentralización promueve el crecimiento económico y el desarrollo social de las localidades, aumentar la participación ciudadana y democratizar los procesos políticos y sociales. El problema se reduce a delimitar hasta que grado el contenido político de la descentralización tiene que estar estrechamente vinculado a la reforma administrativa para establecer los cambios en las relaciones políticas del poder y socioeconómicas de la sociedad. Aspectos que las elites político-económicas difícilmente pueden conceder. Vista desde este ángulo, la descentralización es por lo tanto un tema eminentemente político que establece retos a la distribución de poder y recursos y al control centralizado del aparato del estado por una elite enquistada (Schönwälder, 1997)
La implementación de políticas de descentralización debe estar acompañada con la creación de nuevos espacios para una mayor participación de la sociedad. Aquí el concepto de espacio delimitado física y territorialmente ha evolucionado a un espacio más abierto y dinámico. Así la descentralización del aparato del Estado, debe liberar el potencial democrático representado por los movimientos locales y regionales que operan al nivel de sociedad civil a fin de servir como suplemento de oportunidades para la participación popular, incluyendo la participación político - electoral proveídas por una democracia más participativa. Los movimientos sociales que operen al nivel de sociedad civil necesitan estar respaldados por una voluntad política de una eficiente administración y para que las acciones de los movimientos populares sean efectivas, éstos requieren presentarse con un modelo de participación popular, la cual es inherente a su propio voluntarismo. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil.
Pero esta participación popular, de acuerdo con Castells and Borja (1988:47), se restringe a la consulta, información y cooperación con la administración local y no a los procesos de toma de decisiones, las cuales siguen siendo prerrogativas de los representantes electos. Sin embargo, habrá que determinar si se liberan de las actividades productivas de bienes y servicios públicos a las administraciones locales, mediante procesos de descentralización, las repercusiones en términos de beneficios para el desarrollo regional bajo el nuevo paradigma centrado en la profundización de los procesos de descentralización gubernamental, la revolución tecnológica y científica, la impulsión de empresas y el cuidado del medio ambiente.
Con la descentralización, los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades Este desarrollo regional es inducido consciente e intencionalmente mediante políticas deliberadas e impulsadas por diferentes agentes del desarrollo (Tarapuez Chamorro, 2001). No obstante, la desterritorialización de las fronteras espaciales geográficas a que se ven sometidas las regiones por los procesos de globalización económica concede mayor importancia a los actores y agentes del desarrollo.
Fuente: Eumed
