En una entrevista reciente a Rosa Martínez, diputada de Equo con Unidos Podemos en el Congreso, le manifestamos nuestra preocupación por que el repentino cambio de Gobierno pudiera suponer desandar lo avanzado por el anterior Ejecutivo en cuanto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La diputada nos respondió que no había que preocuparse, ya que seguía entre las prioridades de la agenda política. Hoy mismo se ha hecho público el estudio que las cinco principales organizaciones ambientales a nivel estatal (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica, que contiene sus observaciones preliminares sobre el primer borrador de la futura norma para luchar contra el calentamiento global. A la vista de las conclusiones, la respuesta tranquilizadora de la diputada estaba justificada… En parte.
Por un lado las organizaciones -que son miembros del Consejo Nacional del Clima y el Consejo Asesor de Medio Ambiente-, consideran que el texto, como primer avance de la propuesta legislativa que se someterá a información pública en breve, cuenta ya con casi todas las herramientas principales necesarias para estar a la altura de otras normas estatales aprobadas en otros países en los últimos diez años en esta materia. En su valoración, felicitan al Gobierno «por el reconocimiento de la necesidad de actuar con urgencia y ambición ante la amenaza del cambio climático, y así garantizar que España hace su parte para limitar el calentamiento global a un grado y medio como máximo, tal y como recomiendan los expertos del IPCC».
Los observadores añaden, sin embargo: «En una valoración global, la propuesta de ley contiene grandes avances en la lucha contra el cambio climático y en la transición energética, aunque no son suficientes, dada la magnitud del reto al que nos enfrentamos. En especial, el objetivo de reducir las emisiones solo un 20% en 2030 respecto a 1990 es claramente insuficiente, así como la falta de un calendario para el cierre de las centrales de carbón y nucleares», dicen sus portavoces.
Entre los aspectos positivos, el informe incluye, entre otros, la inclusión de objetivos de descarbonización y transición energética a medio y largo plazo, como el objetivo de un sistema eléctrico 100% renovable o la prohibición del uso de combustibles fósiles en automoción. También se habla sobre la prohibición de las nuevas prospecciones de hidrocarburos y del fracking, la prioridad de acceso a las redes para las energías renovables y la retirada de las nuevas inversiones del gobierno que favorezcan los combustibles fósiles, así como la desinversión de los activos existentes.
Entre los aspectos positivos está la inclusión de objetivos de descarbonización y transición energética a medio y largo plazo
Otro epígrafe del informe incluye otros aspectos «poco ambiciosos», en opinión de los expertos. Así, recomiendan aumentar las exigencias de los objetivos de reducción de emisiones acordes con la contribución que corresponde a España al esfuerzo internacional por limitar el calentamiento global. En este sentido, las organizaciones ecologistas proponen alcanzar emisiones netas cero para el año 2040 en lugar de la reducción del 90% dispuesta para 2050. También solicitan el aumento significativo de la reducción de las emisiones para 2030, teniendo en cuenta que hasta el Parlamento Europeo propone una reducción del 55%, frente al 20% propuesto por el Gobierno.
Aunque valoran positivamente el impulso de las instituciones públicas al coche eléctrico, las ONG proponen prohibir la venta de nuevos automóviles de combustión fósil para 2028, en lugar del 2040 barajado. Asimismo, consideran fundamental alcanzar un 100% de penetración de energías renovables en 2040, y no solamente en el sector eléctrico (que, de hecho, debería ser el objetivo para 2030), sino en el conjunto del sistema energético. Entre otras exigencias, los expertos abogan por una mayor protección y restauración de la biodiversidad, a día de hoy, «sumidero de la contaminación de la acción humana», y llaman a la participación de todos los agentes sociales y de la ciudadanía en la creación de una Ley fundamental en la lucha contra el cambio climático. Los responsables del informe concluyen de forma tajante: «Es una norma de todos, porque los beneficios serían numerosos para nuestra sociedad y la imagen de nuestro país dentro de la Unión Europea y en el escenario internacional».
Fuente: Ethic
